Contexto general
El 17 de diciembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La reforma tiene como objetivo incorporar de manera expresa la participación de la Guardia Nacional en tareas de inspección, vigilancia y apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la supervisión del cumplimiento ambiental federal.
Principales modificaciones
- Se amplía la lista de dependencias federales que pueden colaborar con la SEMARNAT para incluir expresamente a la Guardia Nacional, junto con la SEDENA y la SEMAR, en casos que lo ameriten por la naturaleza y gravedad del problema ambiental.
- Se permite solicitar la intervención de la Guardia Nacional en actividades de inspección y vigilancia dentro de áreas naturales protegidas federales.
- Se faculta a la Secretaría para pedir apoyo de la Guardia Nacional mediante convenios o acuerdos de colaboración específicos, garantizando la formalidad de dicha cooperación.
- Se autoriza a la autoridad competente solicitar auxilio de la fuerza pública o de la Guardia Nacional cuando se impida u obstaculice una visita de inspección.
Entrada en vigor y disposiciones transitorias
- El decreto entró en vigor el 18 de diciembre de 2025.
- En un plazo máximo de 180 días naturales, el Poder Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional para armonizarlo con las nuevas disposiciones ambientales.
Implicaciones prácticas
- SEMARNAT podrá apoyarse en la Guardia Nacional para reforzar operativos de inspección ambiental, principalmente en áreas naturales protegidas y en casos de resistencia al cumplimiento de la ley.
- Las empresas y organizaciones con actividades sujetas a inspección ambiental deberían monitorear los acuerdos de colaboración que emita la SEMARNAT y los posibles cambios reglamentarios derivados.
- Se prevé una mayor capacidad operativa y coercitiva de las autoridades ambientales federales, especialmente frente a ilícitos ambientales graves o reincidentes.
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