Por Ximena Reynoso García
Muchas empresas cuentan con un adecuado nivel de cumplimiento en materia laboral y de seguridad social: presentan oportunamente sus obligaciones ante el IMSS y el SAT, mantienen actualizada su documentación corporativa y atienden inspecciones laborales cuando son requeridas. Sin embargo, existe una obligación que con frecuencia queda fuera de las auditorías internas de cumplimiento: la afiliación de los centros de trabajo ante el Instituto FONACOT.
El artículo 132, fracción XXVI Bis de la Ley Federal del Trabajo obliga a todo patrón a afiliar sus centros de trabajo al Instituto FONACOT. La obligación existe desde el inicio de operaciones y no depende de que algún trabajador solicite un crédito. Tampoco implica el pago de cuotas o aportaciones periódicas: cuando un trabajador obtiene un crédito, el patrón únicamente debe efectuar el descuento en nómina y enterarlo al Instituto, en términos de la fracción XXVI del mismo artículo, sin que ello lo convierta en deudor solidario, pues el costo lo absorbe el propio trabajador.
Desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio, ésta es una de las obligaciones más sencillas de verificar. Durante una inspección, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede requerir la evidencia de la afiliación de cada centro de trabajo, y la irregularidad también suele salir a la luz cuando un trabajador solicita un crédito y descubre que su patrón no se encuentra afiliado, lo que puede dar lugar a una denuncia o a la intervención de la autoridad laboral.
En la práctica, la afiliación suele quedar relegada porque no forma parte de las obligaciones patronales que generan pagos periódicos, y es común asumir que basta con el registro patronal ante el IMSS y la inscripción ante el SAT, cuando constituye un requisito independiente. A ello se suma que el registro no se actualiza por sí solo: una sucursal abierta el año pasado, una adquisición reciente, un cambio de domicilio fiscal o la sustitución del representante legal pueden dejar centros de trabajo sin afiliar o con información inconsistente, sin que nadie dentro de la organización lo advierta hasta que la autoridad lo señala.
El artículo 994, fracción III establece multas de 50 a 1,500 UMA, equivalentes en 2026 a $5,865.50 y hasta $175,965.00. Lo que con frecuencia pasa inadvertido es que la multa puede imponerse por cada centro de trabajo, incrementando considerablemente la exposición económica de empresas con múltiples establecimientos o presencia nacional, sobre todo cuando la regularización depende de acreditar registro patronal vigente ante el IMSS, inscripción activa ante el SAT, congruencia entre la información fiscal y laboral y la representación legal correspondiente. Así, una obligación administrativa que no representa costo alguno para el empleador puede convertirse en una contingencia significativa cuando es detectada por la autoridad.
¿Cómo podemos ayudar?
En Vega, Guerrero & Asociados asesoramos a empresas nacionales e internacionales en materia laboral y de seguridad social. Nuestro equipo puede asistir en la verificación de la afiliación de cada centro de trabajo ante el Instituto FONACOT, la regularización de omisiones, la conciliación de inconsistencias con los registros del IMSS y del SAT y la representación de empleadores en procedimientos de inspección y sancionadores ante la STPS. Una revisión preventiva permite identificar contingencias antes de que sean detectadas por la autoridad y reducir significativamente la exposición a sanciones administrativas.
