El 1 de mayo de 2019 marcó un hito en la relación entre los sindicatos y sus miembros en México: la implementación de la reforma laboral tenía, entre otros objetivos, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos sindicales.
La reforma laboral establece claramente que las directivas de los sindicatos están obligadas a rendir cuentas a la asamblea cada seis meses, proporcionando una descripción completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esto incluye información sobre los ingresos generados por cuotas sindicales y otros activos, así como su uso y destino. La asamblea debe levantar un acta de esta rendición de cuentas, y esta acta debe ser entregada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en un plazo de diez días para su depósito y registro en el Expediente de Registro Sindical.
La intención detrás de esta medida es clara: garantizar que los miembros de los sindicatos tengan acceso a información precisa y actualizada sobre cómo se manejan los recursos que ellos mismos contribuyen a través de sus cuotas y afiliaciones. La transparencia financiera no solo fortalece la confianza entre los miembros y la directiva sindical, sino que también previene posibles malversaciones y abusos de poder.
Sin embargo, los resultados actuales muestran que la implementación de esta obligación está lejos de ser universal. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó recientemente que solo el 4.15% de los 6,000 sindicatos activos en México cumplen con la obligación de transparentar sus recursos, es decir, solo 250 sindicatos cumplen con esta disposición.
Esto refleja que las directivas sindicales no están dispuestas a revelar información detallada sobre sus finanzas debido a posibles irregularidades en la administración de los recursos; además de la falta de conciencia y comprensión sobre los nuevos requisitos entre los miembros de los sindicatos, y en consecuencia la falta de exigencia a las directivas.
Hay que subrayar la necesidad de implementar mecanismos de fiscalización más sólidos y sanciones efectivas en caso de incumplimiento. La reforma debe respaldarse con medidas coercitivas que incentiven a los sindicatos a cumplir con sus obligaciones.
Esta falta de transparencia puede generar un aumento en la desconfianza hacia los sindicatos, lo que a la larga puede complicar los procesos de negociaciones del Contrato Colectivo y las revisiones bianuales. Es importante recordar que estas deben ser sometidas a la votación de todos los empleados sindicalizados para que puedan aprobarse los acuerdos logrados entre la Empresa y el Sindicato. Por lo tanto, este tipo de incumplimientos no solo afectan al sector obrero, sino a todos los factores de producción involucrados.
