El 4 de febrero de 2025, la Cámara de Senadores recibió una iniciativa legislativa que propone la creación de ocho nuevas leyes secundarias y la reforma de tres normas ya existentes en el ámbito energético de nuestro país. Estas modificaciones forman parte de la legislación derivada de las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, realizadas el año anterior.
Entre los cambios más significativos destacan la reconfiguración de la estructura regulatoria del sector de hidrocarburos y la consolidación del papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como Empresa Pública del Estado.
La iniciativa plantea la expedición de la Ley del Sector Hidrocarburos, que reemplazaría a la actual Ley de Hidrocarburos. Este cambio tiene como objetivo fortalecer la participación estatal en las actividades del sector y establecer nuevas reglas para la intervención del sector privado.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
- a. Nueva regulación de permisos: La Secretaría de Energía asumiría la responsabilidad de emitir autorizaciones para la importación, exportación, almacenamiento y transporte de petróleo y gas natural. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía regularía los permisos en actividades como el procesamiento, la distribución y la comercialización de hidrocarburos.
- b. Exploración y extracción de hidrocarburos: Se establecen tres modalidades principales para estas actividades. Desarrollo propio (exclusivo para PEMEX), Desarrollo mixto (participación conjunta con el sector privado), Contratos con terceros mediante licitación cuando PEMEX no pueda desarrollar un proyecto por sí solo
- c. Mecanismos de resolución de disputas: Los conflictos relacionados con los contratos de exploración y extracción se resolverían mediante arbitraje con sede en la Ciudad de México.
- d. Control de precios en combustibles: Se prevé la posibilidad de establecer metodologías de control de precios en la distribución de combustibles como gasolina, diésel y gas LP, con el fin de estabilizar la inflación y proteger el bienestar de la población.
Otro aspecto clave de la iniciativa es la transformación de PEMEX en una Empresa Pública del Estado, lo que implicaría una reorganización de su estructura y operación. Entre los cambios más relevantes destacan a absorción de filiales como Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística por la empresa matriz, promoviendo una integración vertical. El reforzamiento de la prohibición para que empresas privadas registren reservas petroleras como activos propios en contratos con PEMEX. La sujeción de los procesos de adquisición de PEMEX al principio de eficiencia, en apego a la Constitución y a nuevas disposiciones emitidas por su Consejo de Administración y la obligación de adoptar estrategias de responsabilidad social y desarrollo sostenible en las comunidades donde opera.
Asimismo, se propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, cuyas funciones serían absorbidas por la Comisión Nacional de Energía, organismo sectorizado bajo la SENER, que tendría atribuciones para:
- Otorgar, modificar y revocar permisos en el sector energético.
- Regular precios y tarifas en la industria de hidrocarburos.
- Supervisar y sancionar actividades energéticas, incluyendo la imposición de medidas como clausuras y suspensiones.
La iniciativa también contempla la creación de la Ley de Biocombustibles, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible de estos recursos mediante incentivos fiscales y financieros. Se regularían actividades como la producción, importación, exportación y comercialización de biocombustibles, impulsando el uso de residuos orgánicos y biomasa para la generación de energía.
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