En los últimos días el Poder Legislativo aprobó de manera expedita diversas leyes, derivado de ello algunos medios de comunicación han señalado que los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión violaron el proceso legislativo y de los derechos fundamentales de deliberación parlamentaria.
En virtud de la coyuntura actual es importante hablar respecto de las formalidades del procedimiento legislativo, entre ellos la economía procesal y la deliberación parlamentaria.
¿Qué son los principios de economía procesal y deliberación parlamentaria?
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la tesis aislada P. XLIX/2008 determino que, el principio de economía procesal apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto, y el de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.
De esta manera, a través de estos principios los juzgadores evaluar el cumplimiento de lossiguientes estándares:
- El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.
- El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
- Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.
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