Por: Ana Romualdo / Marco Tena
La victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el 2 de junio de 2024 envió alertas a través de la comunidad inversionista, intensificando temores que habían estado creciendo desde principios del año. Estos temores provienen de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 5 de febrero, en un último esfuerzo por dirigir a México hacia la paz y prosperidad que había prometido a los votantes cinco años antes. Entre las 20 reformas propuestas, la reforma judicial ha generado una preocupación significativa tanto a nivel nacional como internacional debido a sus posibles implicaciones.
Inicialmente percibida como un tema pasajero, los resultados electorales subrayaron la importancia de la reforma judicial en México, provocando una mayor atención de los inversores. Desde entonces, el clima de inversión en México ha sido incierto, reflejado en la fluctuación del valor del peso mexicano. Este artículo analiza los cuatro elementos clave de la reforma judicial propuesta y su posible impacto en los inversores.
El aspecto más controvertido de la reforma es su objetivo de reestructurar la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, la reforma reduciría el número de magistrados de 11 a 9 y acortaría sus términos de 15 a 12 años. Por otro lado, obligaría a que las sesiones judiciales sean públicas, eliminaría las pensiones vitalicias para los magistrados y limitaría sus salarios a un máximo definido por el presidente. Además, los Ministros, Magistrados y Jueces serían elegidos por voto popular, con nuevas elecciones previstas para 2025 para elegir a los nuevos miembros del poder judicial.
La reforma también propone reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal con miembros designados e introduce cambios procesales en el sistema de justicia. Entre estos cambios, propone un plazo de seis meses para resolver asuntos fiscales y prohíbe las suspensiones contra leyes en amparos y controversias constitucionales.
En conjunto, estas propuestas presentan el riesgo de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Elegir a los magistrados por voto popular, eliminar las pensiones y reducir los salarios conlleva el riesgo de politizar el sistema judicial, poniendo en peligro la imparcialidad y generando incertidumbre en las inversiones. Los magistrados pueden verse influenciados por agendas políticas, afectando sus perspectivas y decisiones, y potencialmente socavando la independencia judicial y la estabilidad política.
De manera similar, reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal con designados por los poderes ejecutivo y legislativo plantea preocupaciones sobre la disminución de la transparencia y la seguridad jurídica. El organismo actual opera con imparcialidad y transparencia, protegiendo tanto a individuos como a empresas. Su reemplazo podría llevar a una transparencia reducida y prácticas potencialmente injustas.
Incluso los cambios que afectan el procedimiento judicial, que contienen resultados generalmente deseados, como la agilización de los litigios, tienen el potencial de ser perjudiciales. En particular, prohibir las suspensiones contra leyes en amparos y controversias constitucionales podría limitar las opciones legales de las empresas para proteger sus inversiones contra litigio adverso.
Además de estas implicaciones directas, la mera posibilidad de una reforma ya sea que se materialice o no, podría afectar las percepciones internacionales sobre la gobernanza y la estabilidad jurídica de México. Para los inversores, cuyo entorno legal predecible es crucial, la “ansiedad inversora” es una amenaza que vale la pena observar, como lo demuestran las recientes fluctuaciones del peso.
A pesar de estas preocupaciones, todavía hay margen para que la nueva presidenta ajuste o se aleje de la reforma. Los inversores deben mantenerse informados y monitorear de cerca los desarrollos legislativos y políticos que puedan afectar su inversión.
