El Diputado Jorge Álvarez Máynez presentó ante la Cámara de Diputados una reforma constitucional, cuyo objetivo principal es que el trabajador pueda gozar como mínimo dos días de salario íntegro por cada cinco días de trabajo. Esto tendría como consecuencia la reducción de las horas de jornada laboral que los trabajadores tendrían que cubrir por semana de 48 a 40 horas, pues hasta el día de hoy, solo cuentan con un día de descanso obligatorio.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Diputado menciona que México ocupa el primer lugar en cuanto horas trabajadas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un total de 2 mil 137 horas trabajadas por año. No obstante, argumenta que esto no se ha traducido en productividad ya que por hora se aportan 22.2 dólares al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que otros países como Irlanda donde se laboran 772 horas al año, se aportan 110 dólares por hora al PIB.
Debido a que únicamente se pretende modificar el Artículo 123 constitucional, dicha iniciativa contempla en sus transitorios que tanto el Congreso de la Unión como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tendrán un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes una vez entre en vigor. Por ello, el siguiente paso para consolidar la reforma, después de su publicación, sería precisamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
En este mismo sentido, establece en su Artículo Cuarto Transitorio, que una vez que entre en vigor, los patrones contarán con 365 días naturales para llevar a cabo la organización operativa correspondiente, con la finalidad de no afectar la operatividad laboral de los centros de trabajo. Lo anterior significa que, si dicha reforma se llegara a aprobar en la Cámara de Diputados y posterior a ello, en la
Cámara de Senadores, los patrones tendrán un año para hacer las adecuaciones pertinentes para cumplir con lo estipulado en la reforma.
Sin embargo, a pesar de que la iniciativa fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales con 25 votos a favor y cinco abstenciones, la iniciativa no alcanzó a votarse en el Pleno de la Cámara de Diputados en este periodo ordinario, por lo que se espera se realice la votación hasta el próximo periodo en septiembre de este año.
