Por Lizbeth Espinosa
Las empresas privadas no escapan de la responsabilidad en el cuidado al medio ambiente, de acuerdo con las determinaciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según los criterios asumidos por la Corte, el acceso a un medio ambiente sano tiene una naturaleza de derecho-deber, siendo así que las empresas tienen la obligación de preservarlo.
Lo anterior, luego de que el máximo tribunal resolvió, en 2016, el amparo en revisión 5452/2015, sobre la responsabilidad de los actores privados en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano.
La Corte concluyó que tanto los agentes privados como el gobierno comparten una responsabilidad conjunta en este ámbito, reafirmando así las obligaciones de las empresas en la protección del medio ambiente.
El caso involucró a una empresa en el Estado de México, autorizada para operar un centro de verificación vehicular.
En las inspecciones que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encontró que la empresa incumplía sus obligaciones ambientales al violar el Código para la Biodiversidad del Estado de México, entre otras normativas, lo que derivó en sanciones.
La empresa impugnó las decisiones de la PROFEPA, alegando la inconstitucionalidad del artículo 4.46 del Código para la Biodiversidad, argumentando que dicho artículo delegaba a los particulares la obligación del Estado de proteger el derecho a un medio ambiente sano.
Sin embargo, la SCJN rechazó esta afirmación, indicando que, si bien este artículo establece acciones para la protección del medio ambiente, existe una corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos.
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