En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo Marath Bolaños, anunció su intención de implementar una reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con la meta de concretarla en enero de 2030.
Contexto de la propuesta y proceso legislativo pendiente
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de 48 horas semanales. La propuesta oficial busca disminuir ese límite a 40 horas por semana, con dos días de descanso obligatorio y sin afectar el salario de las personas trabajadoras.
Sin embargo, es importante destacar que este cambio aún no es vinculante ni aplicable. Para que entre en vigor, se requiere una reforma legal aprobada por el Congreso de la Unión, lo que implica un proceso legislativo que debe pasar por ambas cámaras y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. De momento, el Ejecutivo ha convocado a mesas de trabajo del 2 al 7 de junio de 2025 para construir una propuesta consensuada con empleadores, sindicatos y expertos, que eventualmente se traduzca en una iniciativa legislativa.
Implicaciones prácticas para los empleadores
De aprobarse, la reducción de la jornada laboral representaría uno de los mayores cambios estructurales al régimen laboral en más de un siglo. Aunque el cambio sería gradual, es recomendable que las empresas comiencen a anticipar y planear:
- Revisión de turnos, jornadas y esquemas de cobertura.
- Ajustes operativos y de personal para mantener productividad con menor carga horaria.
- Evaluación de costos laborales y estrategias para mitigar impactos económicos.
- Preparación documental: contratos, reglamentos, políticas internas.
Organismos empresariales como Coparmex han advertido que una implementación acelerada y sin medidas diferenciadas podría afectar la competitividad y el empleo formal, particularmente en sectores con baja productividad o alta carga operativa.
Desde Vega, Guerrero & Asociados, daremos puntual seguimiento al proceso legislativo y a las mesas de diálogo convocadas por la autoridad laboral, manteniendo informados a nuestros clientes sobre cualquier avance o implicación relevante para sus operaciones.