En días pasados, Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador del equipo de transición hacendaria de la Cámara de Diputados, comentó en una entrevista realizada por El Heraldo Radio que la reforma fiscal que está preparando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá obtener una recaudación adicional de alrededor de 4% del producto interno bruto (PIB).
De igual manera, el diputado de la fracción parlamentaria de MORENA señaló que uno de los objetivos de la próxima reforma fiscal será que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos anuales de más de mil 250 millones de pesos (grandes contribuyentes), paguen una mayor tasa efectiva de impuesto sobre la renta.
Asimismo, el legislador justificó la reforma argumentando que los ingresos tributarios obtenidos servirán para mejorar los servicios de atención médica y de educación.
En este sentido, el pronunciamiento del legislador significa un incremento considerable a lo señalado por Raquel Buenrostro Sánchez, Jefa del SAT, pues ella manifestó que con la reforma se espera obtener ingresos por 200,000 millones de pesos adicionales a lo recaudado en el ejercicio fiscal de 2021, esto es el equivalente a 1% del PIB.
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De esta manera, es claro que los grandes contribuyentes se enfrentarán a una reforma tributaria que busca aumentar la recaudación, y no así, ante una que ataque los problemas fondo, como lo es el problema del comercio informal.
Así, no hay duda en que la intención del poder ejecutivo y legislativo es legalizar los medios necesarios para endurecer y darle más facultades al SAT para fiscalizar a los ciudadanos, en otras palabras, se le otorgarán nuevas facultades al SAT para seguir exprimiendo a los contribuyentes cumplidos.
Por tanto, resulta lamentable que una vez más el gobierno no ataque los problemas coyunturales de los contribuyentes, pues pasa por alto la excesiva carga que tienen las empresas en materia de contabilidad y seguridad social, por mencionar algunos.
Resulta imposible pensar que los diputados discutirán una reforma que analice la excesiva y dolosa documentación que es requerida por las autoridades fiscales para determinar procedencia de una solicitud devolución de impuestos, imposible imaginar que en las cámaras se defienda la voz de los contribuyentes que manifiestan que dichos requerimientos son en realidad facultades de comprobación para fiscalizar a aquel que se atreva a solicitar una devolución.
Bajo este contexto, las pequeñas y grandes empresas deberán de allegarse de los medios legales necesarios para disminuir el embate de esta reforma, robusteciendo sus mecanismos de defensa contra las actuaciones de las autoridades tributarias mediante acciones preventivas mediante un due diligence fiscal o, incluso, a través demandas de amparo en contra de la reforma fiscal para 2022.
Derivado de lo anterior, el equipo de derecho fiscal de Vega, Guerrero & Asociados está listo para asesorar a las compañías que requieran información respecto de actos de molestia de autoridades fiscales.
